Aumenta la polémica por planes de expropiación de viviendas en Berlín

El Gobierno conservador del canciller alemán, Friedrich Merz, pretende bloquear los planes de una posible administración de izquierdas en la ciudad-estado de Berlín para expropiar decenas de miles de pisos a propietarios privados.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, aseguró hoy que está impulsando una nueva legislación federal que impondría importantes obstáculos a los planes del Gobierno regional de convertir gran parte del parque inmobiliario de Berlín en propiedad pública con el fin de frenar el aumento vertiginoso de los alquileres.

"Dejaremos claro en una Ley de Protección de las Inversiones que la obsesión arbitraria de la izquierda por la nacionalización es incompatible con la Constitución", declaró Dobrindt al periódico "Bild".

El partido La Izquierda, que ganó las elecciones regionales de Berlín el mes pasado, pretende que unos 160.000 pisos pasen a ser de titularidad pública, de acuerdo con un referéndum de 2021 en el que la mayoría de los berlineses respaldó la expropiación de los grandes promotores inmobiliarios para frenar los precios de los alquileres.

Se espera que el partido, que aspira a nombrar al alcalde de Berlín por primera vez, inicie en noviembre las negociaciones formales de coalición con Los Verdes y los socialdemócratas (SPD).

Estos planes han suscitado una feroz oposición por parte de los conservadores de Merz a nivel nacional, lo que allana el terreno para un enfrentamiento entre el Gobierno federal y la que probablemente será la próxima administración de Berlín.

Según el plan propuesto por La Izquierda -heredera del antiguo partido único de la Alemania socialista, el SED- cinco empresas que poseen cada una más de 10.000 apartamentos en la capital alemana se verían obligadas a vender todas las viviendas que superen ese umbral por un total de 16.000 millones de euros (17.700 millones de dólares).

La legislación del ministro del Interior, Dobrindt, pretende dificultar esa medida, según los detalles del plan publicados por "Bild" y confirmados a la dpa por su ministerio.

Esta iniciativa prevé que la expropiación de viviendas solo sea posible si un gobierno regional pudiera demostrar que ha agotado todas las demás opciones posibles para combatir la crisis, incluidas nuevas inversiones y subvenciones para la construcción de viviendas.

Si ese fuera el caso, las viviendas que pasaran a ser de titularidad pública deberían pagarse en efectivo —lo que significa que no podrían financiarse mediante préstamos— y a su valor de mercado, determinado por una tasación realizada por un experto.

Si se aprueba, la legislación federal podría frenar de hecho la campaña de expropiación de Berlín, porque se considera que los 16.000 millones de euros previstos están por debajo del valor de mercado, mientras que las finanzas de Berlín, notoriamente precarias, harían que una compra en efectivo resultara especialmente difícil.

Luigi Pantisano, copresidente del partido La Izquierda, acusó a Dobrindt, así como a todo el Gobierno alemán, de dar prioridad a los accionistas de las grandes empresas inmobiliarias frente a los inquilinos de Berlín.

"Una ley como esta no se sostendrá ante el Tribunal Constitucional Federal", afirmó, y añadió que el SPD, socio minoritario del Gobierno nacional, debe decidir ahora de qué lado está: "¿del lado de la mafia de los alquileres o del lado de los inquilinos?".