Vigilan con tobillera electrónica a 147 peronas en Alemania

A finales de junio, 147 personas en Alemania estaban siendo monitoreadas con tobilleras electrónicas, informó hoy el Ministerio de Justicia del estado federado de Hesse, que proporcionó esta cifra en respuesta a una consulta.

De todas ellas, 128 eran delincuentes condenados que llevaban la tobillera como parte de su libertad condicional; esto se hace cuando existe un alto riesgo de reincidencia.

El Centro Conjunto de Monitoreo Electrónico de los Estados Federados alemanes (GÜL), responsable a nivel nacional del monitoreo de personas con tobilleras electrónicas, se encuentra en el sur de Hesse.

Un caso basado en la Ley de Residencia

Otras 18 personas llevaban la tobillera en virtud de las leyes policiales regionales, según anunció el Ministerio. La medida se ordena con fines preventivos, es decir, para evitar delitos. Según la información proporcionada, una persona llevaba una tobillera electrónica en virtud de la Ley de Residencia. Los extranjeros sujetos a deportación pueden ser monitoreados de esta manera.

Con la reforma de la Ley de Protección contra la Violencia, un tribunal ahora también puede ordenar a los perpetradores de violencia doméstica o acosadores que usen un dispositivo de monitoreo electrónico para hacer cumplir una orden de alejamiento.

Según el Ministerio, no se llevan estadísticas nacionales sobre cuántas violaciones de las condiciones se detectan mediante los dispositivos de monitoreo electrónico.

Más de 25.000 informes procesados

En 2025, el GÜL procesó cerca de 25.700 informes. "Estos incluyen, en particular, informes que indican una posible violación de las restricciones relacionadas con órdenes de alejamiento, así como informes sobre el nivel de batería o un posible mal funcionamiento de los dispositivos y sobre una posible manipulación del dispositivo de monitoreo electrónico", explicó un portavoz del Ministerio.

El organismo evalúa estos informes caso por caso e inicia las medidas necesarias, añadió el portavoz. Estas pueden incluir el contacto telefónico con la persona monitoreada o protegida, las agencias involucradas o la policía, indicó. En 2025, fue necesaria la intervención policial en el 1,5 % de los informes de incidentes procesados, puntualizaron desde el Ministerio.