Las jubilaciones de los funcionarios alemanes, en el punto de mira

El economista Peter Bofinger, miembro de una comisión oficial de expertos encargada de proponer reformas del sistema jubilatorio alemán, exigió cambios en el cálculo de las pensiones de los funcionarios públicos.

"Existe la tendencia a ascender rápidamente a las personas en su último año de servicio para que obtengan una buena pensión", declaró este miembro de la llamada Comisión de Pensiones al diario "Neue Osnabrücker Zeitung".

"Por eso hemos propuesto que, en el futuro, para calcular la cuantía de las pensiones de los funcionarios se tengan en cuenta los últimos cinco a diez años previos a la jubilación".

La Comisión de Pensiones, creada por el Gobierno del canciller Friedrich Merz, también presentó esta semana propuestas sobre las prestaciones de los funcionarios y las jubilaciones.

"Mismo trabajo, misma cobertura"

La Asociación de Organizaciones Sociales de Alemania (SoVD) respaldó la recomendación de la comisión.

"Las pensiones de los funcionarios son considerablemente más elevadas que las de los jubilados, lo que se debe también al procedimiento vigente, que consiste en tomar como base únicamente el último sueldo percibido antes de la jubilación. Esto es sencillamente injusto para los (demás) jubilados", declaró a dpa la presidenta de la junta directiva de la SoVD, Michaela Engelmeier.

"Debería aplicarse el principio: mismo trabajo, misma cobertura", subrayó. Se trata de una cuestión de equidad y "no de menospreciar el importante trabajo de los funcionarios públicos ni de desacreditar la función pública", recalcó.

El canciller y la ministra de Trabajo quieren aplicar el plan de 33 reformas integrales en su totalidad

La Comisión de Pensiones, creada por el Gobierno, presentó el martes un plan global con 33 propuestas para una profunda reforma del sistema de jubilaciones y pensiones.

El canciller conservador Merz y la ministra de Trabajo, la líder socialdemócrata Bärbel Bas, quieren aplicarlo en todos sus puntos. La Comisión de Pensiones está integrada por diez expertos y tres representantes de los partidos de la coalición: las Uniones Demócrata y Social Cristiana (CDU/CSU) y el Partio Socialdemócrata (SPD).

Exigen reducir el número de nombramientos como funcionarios

La Asociación de Contribuyentes y el secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, reclamaron recientemente que se redujera el número de nombramientos como funcionarios.

La Comisión de Pensiones se sumó a esta petición y aconsejó al Gobierno federal y a los estados federados que "limiten considerablemente el número de nombramientos como funcionarios".

Los funcionarios deberían ser personas que se ocuparan de tareas soberanas, "relacionadas con la restricción de los derechos fundamentales en sentido estricto, es decir, el poder público, la autoridad y la coacción", indicaron.

Asimismo, los expertos propusieron que el Gobierno federal y los estados federados acumulen reservas suficientes para las futuras pensiones en caso de que se produzcan nuevas contrataciones de funcionarios.

Los funcionarios no deben incorporarse al régimen de pensiones obligatorio

La comisión descartó la exigencia de incorporar a los funcionarios al régimen de pensiones obligatorio, a diferencia de lo que ocurre con los futuros autónomos y los políticos como diputados regionales y nacionales.

Los expertos justifican esta decisión explicando que existen altas barreras constitucionales y que la armonización a nivel nacional demandaría mucho tiempo debido a las distintas legislaciones de los estados federados.

Costes de miles de millones para los presupuestos del Gobierno federal y de los estados federados

Según cifras de la Oficina Federal de Estadística, en Alemania hay algo más de 1,4 millones de funcionarios jubilados (a 1 de enero de 2025). Su pensión ascendía en ese momento a 3.416 euros brutos (3.890 dólares brutos). El número de beneficiarios de estas pensiones se ha más que duplicado en los últimos 30 años.

Los funcionarios no cotizan en el sistema público de jubilaciones. Sus pensiones son financiadas directamente la administración correspondiente con cargo a los presupuestos públicos corrientes y, por lo tanto, con dinero de los contribuyentes.

Las pensiones de funcionarios suponen un enorme gasto para los presupuestos del Estado federal y de los estados federados. Según los datos de los estadísticos, en 2024 el gasto en pensiones de antiguos funcionarios públicos ascendió a 56.900 millones de euros, con tendencia al alza. Los estados federados deben sufragar la mayor parte de este gasto, por ejemplo, en el caso de antiguos policías y profesores.